S., M.T. y otroc/Empresa de Transportes América
s/ daños y perjuicios

I La causa y los recursos

Un siniestro vial del 27 de mayo de 2012 dejó dos víctimas y una década de trámite judicial. Cuando el pronunciamiento de primera instancia llegó a la Sala J, las dos partes apelaron: la actora, porque los montos eran insuficientes; la demandada y su aseguradora, porque los consideraban excesivos.

La accionante impugnó las sumas fijadas a su favor en concepto de incapacidad sobreviniente —física y psicológica—, pidió discriminar los rubros entre incapacidad y tratamientos psicológicos, se agravió por la omisión del tratamiento del daño físico de la coactora Sra. E., reclamó intereses para los tratamientos psicológicos y solicitó capitalización en los términos del art. 770 inc. «b» CCCN desde la notificación de la demanda.

El demandado y la citada en garantía, por su parte, cuestionaron los montos por incapacidad física sobreviniente y daño moral, y peticionaron una tasa máxima del 8 % anual por considerar que la activa del BNA genera enriquecimiento injustificado.

En el marco de las Acordadas 13/20, 14/20, 16/20, 25/20 y concordantes de la CSJN se dictó el llamamiento de autos; firmes los recursos, los presentes quedaron en condiciones de sentencia.

II La ley aplicable

El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2012; el CCyCN entró en vigor el 1° de agosto de 2015. La Cámara resuelve con precisión técnica: la relación jurídica quedó constituida bajo la ley anterior por la fecha del evento dañoso, y las consecuencias emanadas nacen al amparo de esa legislación.

Pero el art. 7 CCyCN no clausura el análisis. Siguiendo «Ontiveros» de la CSJN (Fallos 340:1038), la interpretación del Código de Vélez debe realizarse en armonía plena con el régimen del CCyCN, máxime cuando existe una continuidad clara entre las soluciones que permitía el código anterior —interpretado dinámicamente por doctrina y jurisprudencia— y las que ahora consagra el nuevo ordenamiento, de manera más explícita y receptiva de ese proceso evolutivo.

El nuevo ordenamiento dispone un régimen ajustado a los cambios acontecidos en las últimas décadas, receptando el aporte vital de la jurisprudencia como fuente creadora de Derecho. Voto Dra. Verón · considerando 2.3

III El derecho a la reparación integral

El art. 1746 CCyCN concibe conceptualmente a la incapacidad psicofísica como la «disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables». Un mandato de «estirpe materialista» que contempla el aspecto económico de la persona —lo que puede producir y generar rentas—.

Sobre la cuantificación, la Cámara recoge la doctrina de «Ontiveros» (CSJN, 10/08/2017) en línea categórica:

Resulta inconcebible que una indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el sistema especial de reparación de los accidentes laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso salarial. CSJN · Ontiveros · Fallos 340:1038

La Sala hace suya esta doctrina: el porcentaje de incapacidad laboral no es una pauta determinante que el juzgador deba seguir inevitablemente en una demanda civil, pero sí constituye una pauta genérica de referencia que —junto con las consecuencias individuales y sociales que afectan a la víctima— debe ser valorada. El criterio para cuantificar: reconocer un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado, agotándose al término del plazo en que razonablemente pudo continuar esas actividades (art. 1746 CCyCN).

IV Coactora M.T.S. · 77 años

La Sra. S. —jubilada, 77 años a la fecha del evento, vivía sola y llevaba una vida austera— fue atendida en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta tras el siniestro. El informe pericial del 25/11/2019 constató, mediante examen clínico traumatológico y estudios complementarios: cicatrices en rostro, TEC con pérdida de conciencia con desorden mental orgánico postraumático grado I/II, y cervicalgia con limitación en la movilidad y rectificación de la lordosis fisiológica.

Sobre las cicatrices en el rostro, la Cámara separa conceptos: de las probanzas no surge que el menoscabo signifique un daño económico o patrimonial indirecto ni que influya en sus posibilidades patrimoniales, por lo que corresponde abordarlo en el tratamiento de las consecuencias extrapatrimoniales (precedente de la Sala: «Cortés, Florencia Ayelen c/ Marostica», Expte. 58.985/2014).

En grado se había fijado conjuntamente para incapacidad psicofísica y tratamiento psicológico la suma de $1.096.000. La Cámara corrige la metodología: ambos ítems se cuantifican por separado. Luego propone elevar la suma por incapacidad psicofísica y fijar el monto del tratamiento psicológico.

V Coactora G.N.E. · art. 163 inc. 6 CPCCN

La coactora se agravió porque la jueza de grado —a su entender— omitió el tratamiento del daño físico. La Cámara examina exhaustivamente la pieza de inicio y resuelve con precisión dogmática: la pericia médica del 25/11/2019 sí detectó lumbalgia con limitación en la movilidad y rectificación de la lordosis fisiológica (incapacidad física 6 %); pero ese rubro no fue reclamado expresamente en la demanda ni integrado en la liquidación final.

A mayor abundamiento: el informe médico legal del 04/06/2012 —adjunto a la causa penal— ya había concluido que la Sra. E. «no presenta lesiones traumáticas de reciente data».

Admitir el reclamo afectaría a las claras el principio de congruencia procesal que norma el art. 163 inc. 6 CPCCN, en orden al resguardo de la garantía efectiva de la defensa en juicio y los límites que de ella emanan. Voto Dra. Verón · considerando 3.8

La Sala desestima el planteo: no se encuentra reclamada la reparación por ese concepto. Lección procesal: lo no pedido en la demanda no puede ser otorgado en la sentencia. Sin perjuicio de ello, el daño psíquico de la Sra. E. —sí debidamente reclamado— mereció idéntico diagnóstico que la coactora S.: Trastorno por Estrés Postraumático con lesión psicológica moderada del 25 %. La Cámara elevó la suma fijada por este concepto y separó el monto para el tratamiento psíquico.

Sobre la vinculación causal del daño psíquico: la Cámara sostuvo el criterio que distingue el daño que se produce como consecuencia directa del siniestro de aquel que deriva de una situación personal del damnificado. El causante sólo debe cargar con las secuelas derivadas del hecho. Consideró acreditado el daño psíquico con prudencia y valoró las conclusiones periciales sobre la causalidad.

VI Daño moral · confirmado y ajustado

La demandada y la aseguradora cuestionaron las sumas por daño moral: $2.000.000 para la Sra. S. y $1.000.000 para la Sra. E. La Cámara resolvió con criterio diferenciado: confirmar la primera; reducir la segunda a $600.000.

El encuadre normativo: el nocimiento queda dentro del art. 522 del Código de Vélez —aplicable por la fecha del hecho— que permite al juez condenar a la reparación del agravio moral «de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso». El art. 1741 CCyCN, concordante, establece que el monto debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas.

Mientras el daño patrimonial afecta lo que el sujeto «tiene», este perjuicio lesiona lo que el sujeto «es». Zavala de González · Resarcimiento de Daños · t. 4

La ponderación de la Sra. S. tuvo en cuenta las cicatrices en el rostro —que, como vimos, se encauzan en la esfera extrapatrimonial— junto con la afección espiritual del evento y sus secuelas psíquicas. La de la Sra. E., con lesiones exclusivamente psíquicas y una vinculación causal valorada con prudencia, se ajustó a la baja.

Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. El dolor no puede medirse o tasarse, por lo que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a equivalencia. CSJN · «Baeza, Silvia c/ Prov. Bs. As.» · 12/04/2011

VII Intereses · tasa activa BNA

Cada parte quiso una tasa distinta. La actora pidió el 8 % puro hasta el efectivo pago y la tasa activa BNA desde los informes periciales (21/06/2019) para los tratamientos psicológicos, con capitalización en términos del art. 770 inc. «b» CCCN desde la notificación de la demanda. La demandada y aseguradora, también el 8 % —pero como techo máximo—, alegando que la tasa activa genera enriquecimiento injustificado.

La Sala resuelve con firmeza el doble planteo.

Contra el techo del 8 %: la tasa activa cumplimenta la finalidad emergente del principio cardinal de los arts. 1083 CC y 1740 CCyCN, y su aplicación no importa alteración del «significado económico» del capital ni configura enriquecimiento indebido (precedentes de la Sala: «Morato», «Garitonandia», «Cansino», «Carabajal», «Zorrilla»).

Contra la doble tasa activa y la capitalización del art. 770 inc. «b»: los montos indemnizatorios fueron fijados a valores actuales. Sostener un interés adicional distorsionaría la función judicial de fijar intereses para obligaciones que —como aquí— se encuentran en mora desde el acaecimiento del hecho ilícito (precedente «Rebolledo Jeldres», Expte. 35.305/2014).

La indemnización representa un equivalente de los daños sufridos, y son los réditos los que compensan la demora en el pago de la debida reparación por no haber cumplido inmediatamente el responsable con su obligación de resarcir. Voto Dra. Verón · art. 767 CCyCN

La excepción metodológica: las sumas para atender tratamientos psicológicos —erogaciones aún no realizadas— deben computarse por separado, a partir del dictado de la sentencia de grado (no del hecho), con la misma tasa activa BNA contemplada en el plenario Samudio («Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.», 20/04/2009).

VIII Rubros y recálculo

El pronunciamiento de la Sala J reorganiza metodológicamente la sentencia de grado, separa incapacidad de tratamientos y ajusta los montos. Esto es lo que quedó firme:

Intereses: tasa activa cartera general (préstamos) BNA · plenario Samudio · desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago para todos los rubros, excepto tratamientos psicológicos, que corren desde la sentencia de grado.